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Contraloría Departamental del Valle evidencia graves irregularidades en la contratación del Municipio de La Cumbre

Presunto fraccionamiento de contratos, incumplimiento y contratación indebida, entre las irregularidades encontradas.

Ante tres denuncias allegadas a la Dirección de comunicaciones y participación ciudadana, sobre presuntas irregularidades en la contratación realizada en el municipio de La Cumbre, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procedió a realizar visita fiscal que evidenció 3 hallazgos administrativos, los cuales tienen también una presunta incidencia disciplinaria y penal, y dos de ellos una presunta incidencia fiscal por $ 196.221.883,80.

Detalle de los hallazgos

1.    Contratación indebida para el recaudo de tributos municipales en cartera morosa bajo la modalidad de cuota Litis, la cual se encuentra prohibida. Hallazgo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal. Posible detrimento por $141.553.040,08.

El Municipio de La Cumbre celebró dos (2) contratos de prestación de servicios profesionales con un mismo contratista; uno en el año 2016 y el otro en el 2017,  para apoyar la gestión de la Secretaria de Hacienda en el recaudo de tributos municipales en cartera morosa.

Con respecto a esta denuncia, el informe de la Contraloría Departamental trae a colación la Ley 1386 que establece las facultades Indelegables a particulares:

Artículo 1º.  PROHIBICIÓN DE ENTREGA A TERCEROS LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTOS. “No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposiciones de sanciones de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pagos no bancatizados." 

Así mismo, se pudo evidenciar irregularidades en todas las etapas contractuales:

Etapa Precontractual

-       Siendo una contratación directa, era necesario demostrar la idoneidad, experiencia y necesidad del servicio, lo cual no se evidenció en la carpeta contractual. 

Etapa contractual

-       Se evidencia que el contratista solo cumplió con  tres (3) actividades de  las catorce (14) estipuladas en los contratos  de prestación de servicios profesionales suscritos. Además subcontrató labores con una persona por fuera de la Entidad.

-       La Secretaria de Hacienda del Municipio no realizó adecuadamente las actividades de supervisión del contrato. 

-       Se tiene suscrito otro contrato con el mismo contratista (además de los dos ya mencionados) para asesoría jurídica, pudiendo presentarse un conflicto de intereses en el momento de realizar las labores de supervisión.

"Lo anterior hace presumir que era innecesario haber suscrito dos (2) contratos bajo la modalidad de CUOTAS LITIS, pagando desproporcionadamente el 30% por concepto de recaudo de  Impuesto predial  e Industria y Comercio", resalta la Contraloría Departamental.

Etapa Poscontractual

-       Se evidenció falencias en la labor de la supervisión de los contratos 031-2016 y 008 de 2017, a cargo de la Secretaria de Hacienda.

-       "Se determinó un presunto detrimento patrimonial dado el bajo costo-beneficio que presentó la contratación para el recaudo de cartera morosa", afirma el ente de control:

“Así mismo, el análisis de la comparación de los costos  provenientes del recaudo por concepto de Impuesto Predial e Industria y comercio  de enero a diciembre de 2016  fue por valor de $339.676.334 y enero de 2017 $106.844.330  para un total de $446.520.664, de este valor total se le cancelaron al contratista el 30% Cuotas Litis  discriminados  así:    $118.102.900  vigencia 2016 y en el mes de enero de 2017   $23.450.140,08,  para un total de $141.553.040,08 , que se determina como un presunto detrimento patrimonial,   pues el COSTO BENEFICIO en esta  decisión que asumió  la administración va en detrimento a las arcas del erario público.” 

 

2.    Presunto fraccionamiento, incumplimiento de requisitos e irregularidades en la supervisión del contrato de prestación de servicios de transporte escolar para estudiantes de la zona rural y de ladera del municipio de La Cumbre. Hallazgo administrativo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria y penal.

La Visita fiscal del ente de control evidenció también que la Alcaldía suscribió dos contratos para transportar a los estudiantes de la zona rural del municipio con un mismo contratista bajo la modalidad de mínima cuantía, posteriormente adiciona a cada contrato la suma de  $9.000.000, alcanzando el valor de $54.840.000.

Lo anterior deja claro, según la Contraloría,  que se  superó el tope máximo de contratación de mínima cuantía, cuyo valor no debe exceder el diez por ciento  (10%) del presupuesto de la Entidad, que para el caso era de  $19.340.712:

“Con este hecho la alcaldía incurrió en fraccionamiento del objeto del contrato, utilizando indebidamente la figura de la adición contractual, cuando resulta procedente la celebración de un solo negocio jurídico y se elude el procedimiento de selección  del contratista y en consecuencia se desconoce el principio de Transparencia y el deber de selección objetiva, de  conformidad al artículo 24 de la Ley 80 de 1993.” 

De igual manera, el informe da cuenta de que no se encontró en la carpeta contractual el  acto administrativo expedido por  el Ministerio de Transporte, donde se habilita  y autoriza al contratista para la prestación del servicios público de transporte terrestre automotor especial.

También se evidenció presunto incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para la prestación del servicio, pues se pudo comprobar que algunos estudiantes tenían que viajar de pie, no cumpliendo los requisitos de seguridad, que atentan contra la integridad y  la vida del pasajero, en este caso de los estudiantes.

Por último, el ente de control evidenció falencias en la labor de supervisión de los contratos a cargo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo social. 

 

3.    Incumplimiento del objeto contractual. Hallazgo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal. Presunto detrimento: $54.668.843

La alcaldía del municipio de La Cumbre suscribió 4 contratos con el fin de realizar la limpieza, descolmatación y reposición de los alcantarillados de Lomitas, Pavitas, Obreros de Cristo y Sector de La Manzana por valor de $54.668.843. Tres de ellos fueron adjudicados al mismo contratista.

En la visita fiscal el Ente de control departamental observó el incumplimiento por parte del contratista, pues no se evidenciaron las actividades realizadas, tampoco los planos y especificaciones técnicas, los informes administrativo y  financiero ni las bitácoras como medio de seguimiento para la ejecución del objeto contractual. 

De igual manera, se evidenciaron falencias en la labor de la supervisión de los citados contratos a cargo de  la Secretaria de Planeación y obras públicas del municipio. El presunto daño patrimonial por el incumplimiento de los mismos asciende a $54.668.843

Los hallazgos de la visita fiscal fueron trasladados a los entes competentes para su investigación y los hallazgos fiscales están en las dependencias correspondientes del Ente de control, para determinar la responsabilidad fiscal e iniciar cobro coactivo, si da a lugar.

De esta manera queda claro que las denuncias ciudadanas contribuyen significativamente a vigilar y preservar el patrimonio público de los vallecaucanos

 

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Fecha de publicación: 01/09/2017
Última modificación: 01/09/2017

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